13 Nov ¿TRANSPARENCIA? EN LAS RESIDENCIAS DE MAYORES DE LA COMUNIDAD DE MADRID

El día de ayer amanecíamos con una noticia publicada en El País en la que salían a la luz los nombres de los centros residenciales y centros de día de la Comunidad de Madrid que han sido sancionados en los últimos 5 años. La noticia cuenta con un mapa interactivo por el cual se puede navegar e interactuar con los centros residenciales que han sido sancionados, calificando la sanción de leve a muy grave y detallando el importe de la sanción. Según citan los autores de la noticia estas sanciones han sido motivadas por falta de higiene, descuido en la asistencia, escasez de personal o hacinamiento, entre otros motivos. De los 130 centros sancionados 96 son centros residenciales, 6 centros de día y 12 corresponden con centros ilegales que posteriormente fueron clausurados.

En cualquier caso se trata de datos importantes que nos muestran parte de la realidad de algunos centros residenciales de la Comunidad y que, a través del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, pretende en palabras del Consejero de Políticas Sociales Alberto Reyero proteger los derechos de los/as usuarios/as.

¿VERDADERA TRANSPARENCIA?

Como hemos visto nos encontramos ante una información que no había trascendido hasta la fecha y que puede ayuda a muchos/as familias y usuarios/as a decidirse por el ingreso en uno u otro centro pero, ¿es completa la información que publica El País?

Por desgracia la respuesta es no. Si analizamos la lista que nos facilita el diario detectamos que todos los centros citados son de titularidad privada. ¿Esto quiere decir que las residencias de la Comunidad de Madrid de titularidad pública funcionan a la perfección? Pues por desgracia la respuesta vuelve a ser negativa, y sin ir más lejos podemos citar el ejemplo de la residencia de mayores Parque de Los Frailes ubicada en el municipio de Leganés, que cuenta con un movimiento propio de familiares y usuarios/as que no dejan de poner de manifiesto las carencias del centro.

Por todo ello es muy complicado hablar de “ley de transparencia” cuando la información que se nos muestra únicamente hace referencia a los centros privados, obviando toda la información relacionada con la gestión y el funcionamiento de los centros de titularidad pública que, “casualmente”, son gestionados por las mismas instituciones que han sacado a la luz estos datos.

Como profesionales del ámbito sociosanitario debemos valorar positivamente que se aporten datos de este tipo que nos permitan conocer el funcionamiento y la realidad de muchos de los centros de la Comunidad de Madrid. En cambio es fundamental que no hagamos distinciones entre centros públicos y privados y vayamos más allá en las complejidades que nos plantea a día de hoy la atención a la Dependencia. Todos/as somos conscientes de que nos encontramos en un ámbito complejo, marcado por la falta de recursos públicos, la competencia entre los distintos agentes y las dificultades a la hora de seleccionar personal, en parte motivado por las condiciones que se desprenden de los diferentes convenios; en cambio las soluciones y la lucha contra la mala praxis en los centros sociosanitarios no debería diferenciar entre las diferentes titularidades de los centros, sino que debería apostar por una mejora de las condiciones generales de atención a la Dependencia independientemente de los órganos o instituciones que se encuentren detrás del servicio o prestación en cuestión. Solo así podremos empezar a hablar de leyes de transparencia y del inicio de la intervención en cuanto a la atención gerontológica.

Fuente: https://elpais.com/ccaa/2019/10/18/madrid/1571410756_517394.html

Rubén Yusta Tirado

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